Los alcaldes de Bogotá están destinados a la controversia.

Mientras se sigue discutiendo la revocatoria del poder de Enrique Peñalosa, no puede olvidarse que también se quiso revocar el poder a Gustavo Petro, antes de él. Que durante el gobierno de Petro estuvo en el cargo María Mercedes Maldonado por solo dos días y Rafael Pardo por poco más de un mes y antes de aquel el título fue ostentado temporalmente por Clara López Obregón, quien luego se volvería famosa por romper su promesa de no entrar al gabinete de Santos, y por el infame Samuel Moreno Rojas, cuyas andanzas ya son bien conocidas.

¿Qué maldición recae sobre el Palacio del Liévano? Después de todo, ¿qué tan difícil puede ser administrar una ciudad con funcionarios capacitados, honestidad y propendiendo por la justicia social? ¿Por qué no se ha logrado encontrar al alcalde adecuado?

Porque no existe el alcalde adecuado.

Incluso si eliminamos los factores obvios, como la corrupción rampante de la que adolece la administración pública y la incompetencia de un gran porcentaje de los funcionarios, nos queda el problema de una ciudad extremadamente grande y diversa en la que las personas nunca lograrán ponerse de acuerdo.

Un error común que se comete al criticar al político de turno es pensar que todas las personas “buenas” poseen la misma escala de valores y que un funcionario justo será capaz de complacerlas.

En la realidad, lo que se considera apropiado varía ampliamente de una persona a otra. A alguien puede parecerle que el transporte masivo debe ser financiado completamente con recursos públicos mientras que alguien más puede opinar que el transporte debe manejarse a través del sector privado. Alguien puede opinar que la distribución de la riqueza a través de impuestos es justa, mientras que otra persona considerará que quitarle a los ricos para darle a los pobres es sólo un atraco legalizado.

Y todos esos puntos de vista serán completamente válidos.

Cuando una ciudad es tan grande y diversa como Bogotá, la cantidad de opiniones encontradas será innumerable y frenarán la gobernabilidad. Ello no significa que unos tengan razón y otros no, pues muchas veces se tratará simplemente de distintas e irreconciliables escalas de valores.

Bogotá cuenta con más de ocho millones de habitantes, lo cual equivale a 2.3 veces la población de Uruguay. Es una ciudad demasiado grande para ser administrada de manera centralizada y, si sumamos a ello que esos ocho millones pertenecen a todas las razas, etnias, orígenes y estratos sociales que poco o nada tienen en común entre sí, nos encontramos frente a una ciudad ingobernable.

Si se me pregunta, lo mejor que puede hacerse por Bogotá es reducir a los mínimos posibles el poder de la Alcaldía Mayor y delegar gran parte de sus funciones a las alcaldías locales y las Juntas de Acción Comunal.

Dicha redistribución de funciones daría a la ciudad tres ventajas importantes:

  • Los habitantes no tendrían que preocupase tanto por qué tan bueno o tan malo es el alcalde mayor, pues las funciones de la Alcaldía serían pocas y limitadas.
  • Al dejar el poder en circunscripciones más pequeñas, sería más fácil para la ciudadanía organizada exigir el cumplimiento de las promesas de campaña.
  • Se facilita identificar los objetivos y prioridades de gobernanza pues los habitantes de la circunscripción tendrán más cosas en común.

Por supuesto, nada evita que alcaldes locales y miembros de JAC sean corruptos e incompetentes. Pero el control político y la presión social que pueden realizarse en las esferas más pequeñas (cuando muchas veces los gobernados conocen a la familia de los gobernantes y su sitio de vivienda) es mucho más efectiva que en la esfera gigante en la que se encuentra actualmente, donde el Alcalde Mayor de Bogotá es un individuo mediático, ajeno a las necesidades del pueblo y tan lejano para la ciudadanía como si se tratara del Presidente de la República.

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