Con inusitada frecuencia sigue sucediendo en nuestro país, a pesar de los estragos que causó el UPAC, que la gente, seducida por el apartamento o la casa modelo y por las maravillas que se muestran en un brochure –folleto- bellamente ilustrado, acepta la oferta de venta de inmuebles sobre planos.  La redacción de las obligaciones que atañen a la constructora se realiza de tal manera que la entrega del soñado bien se torna prácticamente en indefinida –sin contar con el cambio que se “reservan” sobre diseño, zonas comunes, acabados, etc.- en tanto que las circunstancias en las que se tendrá por incumplido al iluso cliente no dan lugar, aparentemente, a que pueda sustraerse a sus cargas.  Para completar la cadena de abusos, sobre todo de las grandes constructoras que probablemente no superen la docena en Colombia, inmediatamente el comprador entra en cesación de sus pagos se le acosa y se le sanciona con intereses moratorios comerciales a tal punto que, por esta razón –se le torna en un imposible continuar con las cuotas “convenidas”- o porque, pese a haber sido puntual no ve cristalizado su sueño de estrenar vivienda para la época en la que lo planeó y sobre la cual puso a girar su vida y la de su grupo familiar, se atreve a expresar débilmente su intención de salirse del negocio.  Y es entonces cuando sale a relucir la que se ha dado por denominar “CLÁUSULA DE RESOLUCIÓN DE PLENO DERECHO” con base en cuyo texto, insertado e impuesto en la respectiva Orden de Compraventa, la constructora se auto adjudica la facultad de descontar y retenerle a los destinatarios y ordenantes, sobre el total de los dineros invertidos, el porcentaje, igualmente infligido, a título de PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO. El agravante mayor de esta aberrante costumbre es el de que de la edificación la constructora no ha colocado la primera piedra o la fase de desarrollo de aquella hace imposible que pueda entregarlo a las víctimas de turno en la oportunidad –ni siquiera hablemos de un plazo que es el día cierto, en términos legales-  en la que éstas entendieron, de buena fe y oyendo a los promotores comerciales que amablemente los atienden antes de condensarse la transacción, que podrían acceder a su tenencia.  Estos son los mismos asesores que les informan que “la demora estimada del proyecto es de aproximadamente XXXX años más y quienes, a continuación, les ofrecen una opción muy “generosa” de su empresa y es la de que, si trasladan sus recursos a otra “ilusión” de igual o mayor valor que la del objeto inicial, determinación que deberán tomar en el plazo máximo que para el efecto se les indica, no se les descontará lo de la cláusula penal aunque sí se les mantendrán sus dineros en los fondos de la constructora.  Por supuesto que todas estas “amigables modificaciones”, incluyendo la CARTA DE RETIRO como condición indispensable para el “beneficio” que se les ofrece, se suscriben en formatos pre impresos, vueltos a imponer por la constructora y siguiendo estrictamente con sus instrucciones de diligenciamiento.

Nos parece de rigor informar a la ciudadanía que la tal CLÁUSULA DE RESOLUCIÓN DE PLENO DERECHO carece de fundamento dentro del bloque de constitucionalidad de Colombia no obstante el carácter privado que predomina en los negocios de naturaleza civil y mercantil.  Ninguna constructora puede atribuirse la condición de juez y parte para determinar el incumplimiento del comprador y aplicarle las consecuencias que solamente una sentencia puede resolver, sin el agotamiento previo de un proceso declarativo verbal en el que el afectado ejerza en debida forma su derecho fundamental de defensa; máxime si, como en la mayoría de los eventos acontece, el oferente aceptante no reúne el requisito indispensable de haber cumplido sus propias obligaciones o de haberse allanado a hacerlo lo que también deberá afirmar y probar en juicio.

Luz Helena Castro Cardozo.

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